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Segunda investigación judicial contra los Alba por los pozos con los que ilegalmente regaron sus naranjos sevillanos

Publié par El Mundo · Espagne il y a 10 h
Uno de los pozos usados sin permiso en la finca Aljóbar, propiedad de la familia Alba, en Aznalcázar (Sevilla).CHG
Uno de los pozos usados sin permiso en la finca Aljóbar, propiedad de la familia Alba, en Aznalcázar (Sevilla).CHG · El Mundo

Résumé détaillé

Primero abrieron pozos sin permiso para regar su finca de naranjos en Aznalcázar (Sevilla), extrayendo agua de un acuífero que surte al Parque Nacional de Doñana, y, después,...

Considera el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor plaza 1 que la actuación de los Alba podría ser constitutiva de un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial o quebrantamiento de medida cautelar, dado que hicieron "caso omiso" de la resolución por la que este mismo órgano precintó los pozos el 31 de enero de 2025.

El magistrado aprecia indicios de delito y por eso acuerdo que se deduzca testimonio y se remita al decanato de los tribunales de Sanlúcar la Mayor a fin de que uno de sus juzgados investigue penalmente a los Alba.

"Todos los pozos que supuestamente tendríamos que haber desprecintado ya se encontraban en pleno funcionamiento desde hacía aproximadamente dos meses", señala, literalmente, el Seprona en el informe remitido al juez.

La Guardia Civil deja constancia en su atestado de que los pozos fueron legalizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) -cuando aún la investigación judicial estaba en proceso-, pero que ese permiso a posteriori no permitía el desprecinto. Además, señala que no podía saberse con exactitud cuándo se había vuelto a bombear agua.

En un auto fechado el 10 de septiembre, el juez Aragón ordenó el archivo provisional de las actuaciones al entender que no había indicios "suficientes" de que la extracción de agua en la finca de la familia Martínez de Irujo supudiera un delito, aunque no puso en duda que se llevaron a cabo de forma ilegal.

Argumentaba el magistrado que las diligencias que se habían practicado "generan importantes dudas" y "no permiten acreditar" que el robo de agua alterase el balance hídrico del acuífero que, añade, "tampoco de dice sobreexplotado".

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