Desahucios, alquileres y ayudas para comprar: las medidas del decreto de vivienda que siguen adelante

Résumé détaillé

La Diputación Permanente salva la principal norma del Gobierno y mantiene en vigor una amplia batería de cambios para inquilinos, propietarios y empresas

La Diputación Permanente ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó a comienzos de octubre. Solo el primero de ellos, el que concentra más medidas, ha logrado el apoyo suficiente para seguir vigente, tal y como estaba previsto, gracias a que el peso de los partidos contrarios en este órgano de continuidad es inferior al que tienen en el Congreso. Pese a esto, el segundo texto, el que recogía la instauración de alquileres indefinidos e indemnizaciones para los inquilinos si el casero decide recuperar la vivienda y cuya entrada en vigor se condicionó a la votación de esta mañana, no ha obtenido el respaldo necesario.

El decreto limita hasta el 31 de diciembre de 2030 la adquisición de viviendas por parte de fondos, grandes tenedores y entidades dedicadas a comprar inmuebles o carteras de deuda a precios muy inferiores a su valor. Estas compañías no podrán adquirir viviendas por menos del 70% de su valor de mercado, salvo excepciones vinculadas al alquiler asequible, vivienda social, residencias asistenciales o programas para colectivos vulnerables. El objetivo es evitar operaciones consideradas especulativas que reduzcan la oferta residencial disponible.

La norma establece la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030. Cuando el demandante sea un gran actor inmobiliario incluido en la definición del decreto, la paralización será automática si concurren esas circunstancias. En el resto de casos, el juez podrá suspender el procedimiento mientras la Administración no ofrezca una solución residencial. Además, se prevén compensaciones económicas para determinados propietarios afectados por esas suspensiones.

Una de las novedades más relevantes es la creación de una “enervación extraordinaria”. Si un inquilino vulnerable afronta un desahucio por impago y la Administración no logra ofrecerle otra vivienda en dos meses, deberá hacerse cargo de las rentas adeudadas y…

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