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Huelga general en España por la crisis de la vivienda

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Manifestantes durante la manifestación convocada por UGT y CC.OO. durante la huelga general del 11-N, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Foto: Adrián Irago/Europa Press Adrián Irago / Europa Press
Manifestantes durante la manifestación convocada por UGT y CC.OO. durante la huelga general del 11-N, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Foto: Adrián Irago/Europa Press Adrián Irago / Europa Press · La Tercera

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Paro general en España, el primero en más de una década, para exigir un mayor acceso a la vivienda y contra el encarecimiento del costo de la vida. Sin embargo, la huelga es paradójica, ya que está apoyada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y es rechazada por la oposición de derecha y extrema derecha, que la considera una estrategia para movilizar a los votantes para las elecciones del 29 de noviembre.

Es la primera huelga general en España en 14 años. Una huelga diferente, nacida de las movilizaciones por la vivienda y reforzada por una indignación social aún más amplia.

Al difícil acceso a una vivienda digna lo acompañan unos salarios que no crecen al ritmo de la especulación inmobiliaria, ni tampoco al ritmo de la inflación que sigue encareciendo el costo de la vida. Y a esto se suma la defensa de las pensiones y los servicios públicos, especialmente en educación y en salud.

Este paro total fue impulsado por el Sindicato de Inquilinas, al que se sumaron los principales sindicatos de clase, Comisiones Obreras y UGT, con capacidad legal para convocarlo. Una circunstancia poco habitual, como también lo son las posiciones políticas.

Los partidos de izquierda apoyan la huelga, al igual que el Gobierno, donde el presidente Pedro Sánchez y casi todos sus ministros y ministras han despejado sus agendas para la jornada. La derecha y la extrema derecha, sin embargo, la rechazan y, en línea con la patronal, la tachan de electoralista, a dos días del inicio de la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre.

Los sindicatos prevén un seguimiento “asimétrico” en el territorio español, según el impacto de la crisis de la vivienda en cada región, aunque auguran unas manifestaciones masivas en las principales ciudades del país.

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