El tomate europeo lanza la campaña «We Tomato Europe» para defenderse frente al marroquí

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Oganizaciones representativas del sector productor de tomate de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia han lanzado la campaña de comunicación "We Tomato Europe", ...

Madrid (EuroEFE).- Las principales organizaciones representativas del sector productor de tomate de España, Francia, Italia, Portugal y Polonia han lanzado la campaña de comunicación «We Tomato Europe» para que ciudadanos, empresas, asociaciones e instituciones respalden a este producto frente al de Marruecos.

En un comunicado, fuentes de esta iniciativa han explicado que la campaña se ha lanzado a nivel europeo y está apoyada en España por las asociaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la federación hortofrutícola Fepex.

A su juicio, los productores europeos de tomate, «que operan bajo algunas de las normas laborales, medioambientales y fitosanitarias más exigentes del mundo», están sometidos a una «situación de competencia cada vez más compleja» por el aumento de las importaciones de terceros países a la Unión Europea (UE).

También han reclamado el «cumplimiento estricto» de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE relacionadas con el Sáhara Occidental y la revisión del actual marco de relaciones comerciales con Marruecos para garantizar «la competencia justa».

El manifiesto también defiende la «identificación clara y transparente del país de origen» de los productos para los consumidores; la aplicación de cláusulas de salvaguardia cuando las importaciones generen graves desequilibrios de mercado y el refuerzo de los controles fitosanitarios en frontera.

El documento pide la reciprocidad en los requisitos laborales, medioambientales y fitosanitarios para los productos importados y un mayor apoyo a la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia hídrica y energética, y la mejora varietal del tomate.

Además, solicita el reconocimiento del sector como «estratégico para la soberanía alimentaria europea» y rechaza «cualquier modificación normativa que pueda debilitar la posición de los productores comunitarios».

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