30 años de justicia constitucional electoral

Résumé détaillé

Hace 30 años nació el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como la máxima instancia en la resolución jurisdiccional de conflictos sobre las elecciones en…

Hace 30 años nació el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como la máxima instancia en la resolución jurisdiccional de conflictos sobre las elecciones en México.

EL TEPJF ha sido esencialmente un tribunal ciudadano, no solo porque el 66.27% de las demandas que se somete a su consideración se presenta por ciudadanas y ciudadanos.

Es un tribunal ciudadano porque, en los hechos, ha protegido los derechos de la ciudadanía en general y, en especial, de personas pertenecientes a sectores que se encuentran en condición de desventaja histórica o social en nuestro país, incluso en ausencia o anticipándose a su reconocimiento por la ley.

En efecto, la lectura cuidadosa de sus sentencias en todos estos años demuestra esa constante: ha protegido los derechos humanos de las mujeres; personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, personas naturalizadas o con doble nacionalidad, personas migrantes y residentes en el extranjero.

El TEPJF ha tutelado igualmente derechos de personas en prisión preventiva; ciudadanos jóvenes; niños, niñas, adolescentes, cuyos derechos (sin contar todavía con ciudadanía) se han visto involucrados en la dinámica electoral; personas pertenecientes a minorías políticas, así como ciudadanos que buscan acceder a la justicia en defensa de su efectiva participación política.

Por poner solo unos ejemplos: de manera pionera, reconoció la suplencia total de la queja para pueblos y comunidades indígenas, y efectos jurídicos del principio de autodeterminación y de su sistema normativo interno (SUP-JDC-11/2007); vinculó a los partidos políticos a postular al menos siete candidatas mujeres a las gubernaturas, al estimar que la falta de regulación no debía traducirse en incumplimiento de su derecho a acceder a dichos cargos (SUP-RAP-116/2020 y acumulados).

Reconoció que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar bajo el principio de…

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